El futuro del amianto en Europa: hacia una retirada obligatoria y progresiva
En los próximos años, Europa se enfrenta a un cambio decisivo en la gestión del amianto. La Directiva (UE) 2023/2668, aprobada a finales de 2023, marca un antes y un después en la normativa comunitaria, estableciendo límites de exposición mucho más estrictos y nuevas exigencias de control, formación y permisos para las empresas autorizadas.
Aunque la prohibición de uso del amianto en la construcción está en vigor desde hace décadas, la obligatoriedad de su retirada en edificios e instalaciones públicas comienza a ser una realidad. Distintos países europeos ya han fijado plazos concretos para su eliminación, y en España la Ley 7/2022 establece que las administraciones deben impulsar censos de instalaciones con amianto y programar su retirada progresiva.
No obstante, esta obligatoriedad no será inmediata ni uniforme. La nueva directiva europea fija periodos transitorios hasta 2029, con diferentes valores límite según el método de medición, y deja margen a los Estados miembros para definir sus propios calendarios de retirada. Esto significa que la exigencia será gradual, priorizando los edificios públicos y las instalaciones con mayor riesgo, antes de extenderse de forma generalizada.
En este contexto, las empresas especializadas en desamiantado deberán adaptar procedimientos, formación y equipos para cumplir con las nuevas exigencias, y los propietarios de inmuebles tendrán que prever la necesidad de evaluar, censar y programar la retirada del amianto en sus instalaciones.
En resumen, Europa avanza hacia una retirada obligatoria del amianto, pero con matices: será progresiva, con plazos diferenciados, y dependerá de la capacidad de cada Estado para organizar censos, ayudas y calendarios de actuación. Lo que sí es seguro es que, a corto plazo, la tendencia es clara: el amianto dejará de ser un problema “oculto” y pasará a ser una prioridad en la agenda de salud pública y seguridad laboral.